La Corte busca arancelar los reclamos por recursos de inconstitucionalidad

A través de la Acordada Nª 14.107 de la Corte de Justicia de Salta, se dio a conocer un proyecto de ley que busca arancelar los reclamos que se dirigen al máximo órgano judicial salteño en torno a los recursos de inconstitucionalidad.

El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores y lo que busca es modificar el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta. 

El mencionado artículo refiere sobre la normativa en torno a los recursos de inconstitucionalidad. Estos recursos regulan cuando en un litigio se pone en cuestión la validez constitucional de una ley, decreto, ordenanza o reglamento y la sentencia definitiva haya sido contra su validez.

Cuando estos recursos se rechazan, los reclamos en queja son dirigidos a la Corte de Justicia de Salta para que dictamine sobre ellos.

La propuesta de la Corte consiste en arancelar estos reclamos y que las partes tengan que realizar un deposito a las cuentas bancarias del Poder Judicial para que el órgano tramite el recurso de queja.

"Cuando se interponga queja ante la Corte de Justicia, por denegaciór. del recurso, deberá depositarse a la orden de dicho Tribunal una suma equivalente a doce (12) ius. El depósito se hará en la cuenta oficial del Poder Judicial, en el banco que opere como agente financiero de la Provincia de Salta", indica el cambio que propone incorporar la Corte.

En los argumentos que propone la Corte, sostiene que el fin de la modificación consiste en evitar la proliferación de recursos manifiestamente improcedentes "que abruman a la Corte".

Según señala la Corte, la mayor parte de las jurisdicciones provinciales han regulado esta exigencia para la admisibilidad de las quejas que tramitan por ante sus máximos tribunales. A título de ejemplo pueden citarse los casos de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, las provincias de Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones y Santa Cruz también contemplan el depósito para los recursos que deben ser resueltos por sus Cortes locales.

Cabe destacar que el valor del IUS (unidad arancelaria de honorarios profesionales de los Abogados y Procuradores) actualmente se encuentra fijado en $ 19.884, por lo que el deposito que propone la Corte para realizar estos trámites es de $238.608.