El Concejo Deliberante de La Merced manifestó su postura a favor de la intervención
El Concejo Deliberante de La Merced presentó formalmente ante la Cámara de Diputados de la Provincia su posición institucional en relación al proyecto de ley que propone la intervención de la localidad.
La presentación, firmada por el presidente del cuerpo, Enrique Humberto Torres, fue remitida al titular de la Cámara baja, Esteban Amat Lacroix, y también elevada al Ministerio de Gobierno provincial. El documento se enmarca en la Resolución N° 06/2026, titulada “Responsabilidad Institucional y Participación Ciudadana”.
En el texto, el Concejo Deliberante sostuvo que la crisis institucional de La Merced no responde a hechos aislados, sino a un “proceso sostenido de deterioro de la gestión pública”. Asimismo, aseguraron que esto fue advertido y documentado en el ámbito local durante los últimos años.
En ese sentido, remarcaron que se agotaron las herramientas institucionales disponibles a nivel municipal sin lograr revertir la situación. Por ello, informaron su decisión de acompañar el análisis del proyecto de intervención y colaborar con información para su evaluación.
Reclamos vecinales y fallas en servicios
Entre los antecedentes, el informe enumera múltiples reclamos de vecinos e instituciones que dan cuenta de deficiencias en la gestión. Se mencionan problemas de infraestructura vial, falta de mantenimiento, anegamientos y carencia de servicios básicos.
También, advirtieron irregularidades en desarrollos urbanos y loteos sociales sin servicios esenciales ni cumplimiento normativo. A ello, sumaron la falta de políticas para abordar problemáticas sociales, entre ellas el consumo problemático de sustancias.
En la misma línea, remarcaron denuncias por la existencia de vertederos clandestinos en predios municipales, lo que tuvo presentaciones formales sin respuestas.
Auditorías y causa penal en curso
El Concejo informó además sobre actuaciones en la Auditoría General de la Provincia, donde se encuentran en trámite los informes correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, mientras que los períodos 2023 y 2024 están en análisis. Según indicaron, las cuentas de la actual gestión, con excepción de 2020, aún no cuentan con dictamen.
En paralelo, se menciona una causa penal elevada a juicio contra el intendente Javier Rafael Wayar y otros funcionarios, por presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y peculado.
Juicio político sin reglamentación
Otro punto clave del informe es la imposibilidad de avanzar con un juicio político debido a la falta de reglamentación. Si bien la Carta Orgánica Municipal establece ese mecanismo desde 2018, todas las ordenanzas impulsadas por el Concejo fueron vetadas por el Ejecutivo en distintos años.
Esta situación, según se explica, impide sustanciar el procedimiento en la actualidad, lo que limita las herramientas institucionales disponibles para abordar la crisis.
El documento también advierte sobre un contexto de conflictividad social creciente, agravado por el fallecimiento del menor Tomás Alancay.
De esta manera, el Concejo Deliberante solicitó la intervención de la Cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo provincial. El objetivo, afirmaron, es garantizar el normal funcionamiento del municipio y dar respuesta a la situación institucional.