Intervienen el cuartel de Bomberos Voluntarios Papa Francisco de La Caldera
La Inspección General de Personas Jurídicas dispuso la intervención de la Asociación de Bomberos Voluntarios Papa Francisco de La Caldera tras constatar una serie de incumplimientos.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución Nº 26, en el marco del expediente Nº 40088-23120/2026-0, luego de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Seguridad de Salta, a través de la Subsecretaría de Defensa Civil. El documento concluye que la institución no cumple con los requisitos mínimos para operar y presenta falencias graves que le impiden garantizar un servicio adecuado ante emergencias.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran el incumplimiento de la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios 25.054, de la Ley Provincial 7037 y de su decreto reglamentario. A esto se suma la falta de presentación de documentación obligatoria, la ausencia de balances aprobados y la existencia de autoridades con mandatos vencidos, lo que configura un cuadro de inactividad institucional prolongada.
El expediente también revela que la entidad fue intimada en reiteradas oportunidades a regularizar su situación en un plazo de siete días, sin que hasta la fecha haya dado respuesta a los requerimientos de los organismos de control. En ese contexto, la Inspección General de Personas Jurídicas consideró que las irregularidades no pueden ser subsanadas por los propios medios de la asociación.
Uno de los elementos más contundentes que motivó la intervención fue la inspección realizada el pasado 10 de marzo, cuando personal del organismo y de Defensa Civil se presentó en la sede del cuartel. Allí se constató que el edificio se encontraba cerrado con candado, sin personal de guardia y en un evidente estado de abandono y deterioro. Las imágenes tomadas en el lugar fueron incorporadas al expediente como prueba de la situación.
El análisis oficial advierte que la institución no sólo incumple con sus obligaciones legales, sino que además se encuentra imposibilitada de cumplir con su objeto social, que es la prevención y extinción de incendios y la asistencia ante siniestros. Esta situación, señala la resolución, representa un riesgo significativo para la comunidad al no poder garantizar una respuesta ante eventuales emergencias.
Frente a este escenario, el organismo resolvió declarar la intervención de la entidad, disponer la caducidad de los mandatos de la comisión directiva y designar como interventora titular a Patricia Castillo, con Norma Beatriz Corral como suplente. Ambas tendrán la tarea de normalizar el funcionamiento institucional, ordenar la documentación y convocar a una asamblea para la elección de nuevas autoridades.
La resolución también intimó a la comisión directiva saliente a entregar en un plazo de tres días hábiles toda la documentación contable, libros rubricados, inventario de bienes, padrón de socios y elementos de acceso a la sede, bajo apercibimiento de ley.
Entre las funciones asignadas a la intervención se incluyen la regularización de los registros legales y contables, el reempadronamiento de socios y la convocatoria a elecciones en un plazo de 15 días hábiles. Además, las interventoras deberán presentar un informe de situación dentro de los 30 días posteriores a su asunción.
Desde el organismo de control remarcaron que la medida busca resguardar el interés público y evitar que el deterioro institucional derive en consecuencias mayores.
En ese sentido, se aclaró que la asociación no podrá retomar su funcionamiento normal hasta tanto se complete el proceso de intervención y se apruebe la documentación correspondiente.