Discapacidad: Flores acompañó el dictamen que busca levantar la emergencia
La diputada nacional por Salta, María Gabriela Flores, respaldó el dictamen de mayoría aprobado en un plenario de comisiones. La propuesta establece un régimen permanente para las personas con discapacidad.
La iniciativa, presentada por La Libertad Avanza, fue analizada por las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Obtuvo 42 firmas. El texto plantea dejar atrás el esquema de emergencia y establecer un marco estable para las prestaciones y derechos del sector.
Entre sus principales disposiciones, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad y contempla su compatibilidad con el trabajo hasta determinados niveles de ingresos. También ratifica la universalidad y homogeneidad del nomenclador de prestaciones. Además, prevé mecanismos para actualizar sus aranceles.
La propuesta incorpora cobertura médica para los beneficiarios e incentivos impositivos para empleadores que incorporen personas con discapacidad por tiempo indeterminado. También establece partidas presupuestarias específicas destinadas a sostener el sistema y contempla recursos para afrontar las compensaciones pendientes.
No es una nueva “Ley de Discapacidad”: qué se votó y qué falta
El dictamen respaldado por Flores no es una ley sancionada ni reemplaza por sí mismo a la legislación vigente. Se trata de una instancia del trámite parlamentario. Una comisión o un plenario de comisiones emite un dictamen que luego puede ser llevado al recinto para su tratamiento.
La diferencia es relevante porque actualmente existe la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. De hecho, el Congreso había iniciado el tratamiento de un proyecto para extender esa emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El dictamen de mayoría aprobado el 23 de septiembre plantea, en cambio, avanzar hacia un régimen permanente.
Además de las prestaciones y pensiones, el nuevo esquema propone capacitación para quienes brindan servicios. También contempla coordinación entre organismos nacionales y jurisdicciones. A esto se suman mecanismos de transparencia mediante auditorías y evaluaciones. De esta manera, la iniciativa busca que la continuidad de las políticas de discapacidad quede respaldada por un régimen estable y no por sucesivas medidas de emergencia.