En un nuevo Ni Una Menos, advierten sobre los recortes nacionales en las políticas de género en Salta
En un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, organizaciones y organismos especializados alertaron sobre el retroceso de las políticas nacionales destinadas a prevenir, asistir y reparar situaciones de violencia de género.
Un informe de Ciudadana Comunicación relevó el retroceso de políticas nacionales y su impacto en Salata, provincia donde continúa vigente la Emergencia Social por Violencia de Género declarada en 2014.
Según datos del Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, desde el 3 de junio de 2015 hasta mayo de 2026 se registraron 3.096 femicidios en Argentina. En lo que va de este año se contabilizaron 105 víctimas. En Salta se registraron tres femicidios y una muerte violenta dudosa, mientras que durante 2025 hubo seis femicidios y 21 muertes violentas dudosas de mujeres cis y trans. La Corte de Justicia provincial elevó esa cifra a 28 muertes violentas y/o dudosas.
Linea 144 y Acompañar
Uno de los programas más afectados por los recortes es la Línea 144, principal herramienta de atención y asesoramiento para personas en situación de violencia. Tras su incorporación al Ministerio de Justicia, el servicio dejó de enfocarse exclusivamente en mujeres y diversidades para atender también casos de violencia familiar, contra niños, adolescentes, adultos mayores y migrantes.
De acuerdo con los datos relevados, la Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto durante 2024 y redujo un 45% su planta de profesionales. Actualmente cuenta con 73 trabajadores para todo el país y, aunque para 2026 se proyectan fondos por 3.691 millones de pesos, la cantidad de personas asistidas cayó a unas 60.000, apenas un tercio de las atendidas en 2023.
La situación también impactó sobre el Programa Acompañar, destinado a brindar asistencia económica a personas en situación de riesgo por violencia de género. Durante 2024 sufrió una reducción presupuestaria del 90% respecto del año anterior y pasó de alcanzar a más de 100.000 beneficiarias a apenas 434. Desde 2025 dejó de figurar como partida específica dentro del presupuesto nacional.
Leyes y justicia
En contraste, la Ley Brisa continúa vigente. El beneficio destinado a hijos e hijas de víctimas de femicidio pasó de 265.907 pesos en enero de 2025 a 349.299 pesos un año después. En Salta existen actualmente 69 titulares activos, lo que representa el 4,9% del total nacional de beneficiarios.
En el ámbito judicial también se observan dificultades. La provincia recibió 135 dispositivos duales para monitorear agresores con restricciones de acercamiento, aunque solo 55 se encuentran actualmente en funcionamiento. Esto representa un nivel de utilización del 40,7%, por debajo de otras jurisdicciones del país. La implementación de estos sistemas depende de las decisiones de la Justicia provincial y del Poder Ejecutivo local.
Actualmente, la intervención nacional se limita a tareas de monitoreo, asistencia técnica y distribución de insumos, mientras que la ejecución de las acciones quedó en manos de las provincias. En Salta, las estrategias focalizadas continúan únicamente en los departamentos Capital y Orán.
ESI y Salud Sexual
La Educación Sexual Integral (ESI) también experimentó una fuerte reducción presupuestaria. Para 2026 el programa nacional contará con apenas 30 millones de pesos para todo el país, equivalente al 2% de lo ejecutado en 2023. Durante 2025 no se registró asistencia para Salta ni para otras provincias y las intervenciones desaparecieron de las metas presupuestarias previstas para el próximo año.
Los recortes alcanzaron además a las políticas de salud sexual y reproductiva. El programa nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable perdió 900 millones de pesos y distintas organizaciones especializadas advirtieron que la cobertura de métodos anticonceptivos podría pasar de más de 1,2 millones de mujeres alcanzadas en 2024 a apenas 63.000 en 2026.
Estudios elaborados por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) estiman que esta situación podría dejar sin cobertura a unas 840.000 mujeres y provocar un incremento significativo de embarazos no intencionales, abortos evitables y complicaciones sanitarias.
A ello se suma la interrupción de la compra y distribución nacional de misoprostol y mifepristona para garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde 2024 esa responsabilidad fue transferida a las provincias.
La prevención constituye otro de los puntos críticos. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que logró reducir más del 50% los embarazos adolescentes en Salta y otras provincias priorizadas, prácticamente dejó de operar como política nacional. Para 2026 sufrió un recorte del 85% respecto del año anterior y ejecutaría menos del 3% de los recursos que tenía en 2023.
Según datos de Amnistía Internacional, durante 2025 aumentaron un 306% las consultas de adolescentes de entre 14 y 19 años sobre acceso al aborto y ocho de cada diez manifestaron desconocer dónde ejercer ese derecho.