Güemes avanza con la “policía laboral” y en el conflicto de seguridad del Hospital
El secretario de Gobierno de General Güemes, Daniel Quinteros, confirmó avances en la implementación de la denominada “policía laboral” y se refirió además al conflicto que involucra a trabajadores de seguridad privada del hospital Joaquín Castellanos.
Tras un encuentro con el ministro de gobierno, Ignacio Jarsún, el funcionario explicó el convenio que otorgará nuevas facultades al municipio se encuentra en su etapa final. La medida permitirá a la Secretaría de Trabajo local ejercer controles laborales en empresas radicadas en la ciudad.
“Es un paso importante para tener un diálogo más directo con las empresas, defender la mano de obra local y garantizar que se respeten los derechos laborales”, sostuvo Quinteros.
La “policía laboral” dependerá de la Secretaría de Trabajo municipal y funcionará en articulación con áreas como Medio Ambiente, Ingresos Públicos y Seguridad e Higiene, además del acompañamiento de organismos provinciales. El objetivo es fortalecer los controles en un contexto de crecimiento del parque industrial y aumento de la actividad empresarial en la zona.
Quinteros destacó que se trata de una gestión iniciada el año pasado y que cobra relevancia ante la necesidad de regular el funcionamiento de empresas y prevenir conflictos laborales.
“Hoy es más necesario por la cantidad de empresas y situaciones que se han presentado”, indicó.
En paralelo, el funcionario abordó la situación de los trabajadores de seguridad privada vinculados al hospital Joaquín Castellanos, quienes atraviesan un conflicto laboral con la empresa prestataria del servicio.
En ese marco, Quinteros informó que mantuvo reuniones con representantes gremiales y legales del sector, quienes presentaron documentación judicial en la que una empresa de seguridad habría desconocido la relación laboral con su propio personal, atribuyendo la dependencia al Ministerio de Salud provincial.
“Nos llamó poderosamente la atención porque están involucrando al Ministerio de Salud en un juicio, cuando se trata de una empresa privada”, señaló, y anticipó que gestionará reuniones con autoridades sanitarias para esclarecer la situación.
El caso se encuentra en instancia judicial tanto en Buenos Aires como en Salta, y expone un conflicto que, según el funcionario, lleva varios años sin resolverse.
Pocas alternativas
En cuanto a posibles soluciones para los trabajadores afectados, Quinteros reconoció que la reubicación en empresas del parque industrial es limitada, ya que la mayoría de las firmas cuentan con sistemas propios de vigilancia o esquemas de seguridad reducidos.
No obstante, destacó que se logró gestionar una audiencia entre representantes del sector y el ministro Jarsún, donde se planteó no sólo la situación en Güemes sino también problemáticas similares en la capital provincial.
“Se busca trabajar en conjunto para dar una respuesta al personal de seguridad privada en toda la provincia”, afirmó.




