Pichanal: Concejal envío una nota al gobernador por el programa “Puesta a Punto”
La denuncia por presuntas irregularidades en la ejecución de obras escolares y supuestos hechos de presión política en instituciones educativas de Pichanal llegó al despacho del gobernador Gustavo Sáenz.
El concejal Matías Sequeira Guzmán presentó una nota formal en la que solicita la intervención de la Provincia para verificar el estado de los trabajos financiados a través del programa “Puesta a Punto” y garantizar que los directivos escolares puedan desempeñar sus funciones sin condicionamientos.
En la presentación, el edil manifestó su preocupación por las denuncias realizadas por directivos de distintos establecimientos educativos de la localidad, quienes aseguran que varias de las obras y tareas de mantenimiento anunciadas dentro del programa provincial no se ejecutaron en su totalidad.
Según detalló Sequeira Guzmán, algunas intervenciones habrían quedado inconclusas, mientras que otras se realizaron de manera parcial, dejando pendientes necesidades edilicias que continúan afectando el normal funcionamiento de escuelas primarias y secundarias del municipio.
El concejal sostuvo que las inquietudes provienen de quienes desarrollan diariamente sus tareas en los establecimientos educativos y conocen de primera mano las problemáticas existentes. En ese sentido, remarcó que no se trata de una disputa política, sino de una situación que impacta directamente sobre estudiantes, docentes, personal educativo y familias de la comunidad.
Sin embargo, el planteo no se limita únicamente al estado de las obras. En la nota elevada al mandatario provincial, el edil también advirtió sobre presuntas presiones, advertencias y condicionamientos que algunos directivos escolares habrían recibido al momento de reclamar respuestas ante autoridades municipales.
Apuntó contra el intendente
De acuerdo con la denuncia, existirían situaciones vinculadas a la relación que mantienen los responsables de las instituciones educativas con dirigentes o representantes de sectores políticos distintos al oficialismo municipal. Para Sequeira Guzmán, estas conductas resultarían incompatibles con los principios democráticos y con el correcto ejercicio de la función pública.
En ese marco, el concejal apuntó contra el intendente de Pichanal, Julio Jalit, y funcionarios de su gabinete, a quienes distintos actores de la comunidad educativa señalan como responsables de prácticas de abuso de autoridad, persecución política y condicionamientos institucionales.
“Resulta alarmante que se pretenda instalar la idea de que el acceso a obras, mejoras o asistencia para las instituciones educativas pueda depender de afinidades políticas o de la cercanía con determinados sectores de poder”, expresó el edil en su presentación.
Asimismo, recordó que los recursos públicos deben administrarse con transparencia y equidad. En ese sentido, sostuvo que ninguna escuela debe ser discriminada por razones partidarias ni ser obligada a guardar silencio para obtener respuestas a sus necesidades.
Asimismo, Sequeira Guzmán señaló que muchos vecinos asocian las prácticas de los gobiernos municipales con la gestión provincial, por lo que consideró necesario poner en conocimiento del gobernador la situación denunciada.
A través de sus redes sociales, el concejal reforzó sus cuestionamientos y afirmó que informó a Sáenz sobre “el abuso de autoridad que sufren directivos de distintas instituciones educativas de Pichanal cuando reclaman respuestas al municipio sobre las obras del Programa Puesta a Punto”.
Además, remarcó que existen numerosas tareas de mantenimiento que permanecen inconclusas pese a los más de 360 millones de pesos que la Provincia habría destinado para mejorar la infraestructura escolar de la localidad.
“Los directivos que exigen respuestas para sus instituciones deben recibir soluciones y respeto, no presiones ni amenazas ni malos tratos por parte del intendente Julio Jalit y funcionarios de su gabinete”, expresó.
Finalmente, el edil solicitó que el Gobierno provincial disponga los mecanismos necesarios para constatar el estado real de las obras comprometidas, garantizar que los directivos escolares puedan ejercer su labor sin condicionamientos y asegurar que las necesidades de las instituciones educativas sean atendidas con criterios de transparencia e igualdad.