Robo de rieles: a la par de absolver a Gerala condenaron a un policía
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta absolvió al exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Gerala, en el marco de una investigación por el robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en la zona del chaco salteño, y condenó a un oficial de la policía provincial a 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de cohecho pasivo.
Por este mismo caso, ya habían sido condenados en acuerdos de juicios abreviados otros tres imputados, entre ellos, el hijo del exintendente.
El veredicto fue dictado por los jueces Domingo Batule —quien presidió el tribunal—, y Diego Matteucci y la jueza Gabriela Catalano, tras un juicio en el que intervino el fiscal general con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito de Salta, Eduardo Villalba, con la asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual.
Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la condena de Gerala como partícipe primario del delito de contrabando agravado por la cantidad de intervinientes, la calidad de funcionario público y el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda y malversación de caudales públicos, en calidad de autor.
El tribunal, sin embargo, entendió que la prueba reunida no logró superar el umbral de la duda razonable respecto del exintendente y dispuso su absolución.
En cambio, consideró acreditada —en línea con lo requerido por la fiscalía— la responsabilidad penal del oficial subayudante de la policía salteña, Mauro Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe del destacamento policial de Pluma de Pato.
El policía fue condenado por el delito de cohecho pasivo, a partir de las comunicaciones mantenidas con otro de los imputados, en las que se negociaban pagos ilegales para permitir el traslado de los rieles sustraídos. Además de la pena de prisión condicional y la inhabilitación perpetua, el tribunal dispuso para él la prohibición de residir o circular por la localidad de Pluma de Pato.
Una organización dedicada al robo y contrabando
El juicio se inició el 4 de marzo pasado, luego de la audiencia de control de acusación realizada el 12 de diciembre de 2025, en la que quedó firme la imputación fiscal. La causa se originó en una investigación compleja impulsada por la fiscalía desde agosto de 2024 para desarticular una organización dedicada al robo y contrabando de material ferroviario.
Como resultado de esas tareas, en noviembre del año pasado fueron detenidos el comerciante David Medina; Miguel Ángel “Yopi” Gerala, hijo del exintendente; Jorge Fernando Cabrera, cabo de Gendarmería Nacional; y el propio Rodríguez, quien era el jefe del destacamento policial de la zona.
En el marco de acuerdos plenos, el 3 de diciembre de 2025 el hijo del exintendente fue condenado a 6 años de prisión como coautor de contrabando de mercadería —exportación e importación— agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda. En ese mismo acuerdo también fue condenado Medina a la misma pena, además de ser inhabilitado para ejercer el comercio por 5 años.
La fiscalía sostuvo en el alegato que se trataba de “un delito de poder” y afirmó que, en la localidad de Morillo, “no se movía un alfiler sin que el entonces intendente lo supiera”.
Posteriormente, el 12 de diciembre, se homologó un acuerdo con Cabrera, quien recibió una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo.
Por otra parte, dos camioneros imputados en la causa accedieron a una suspensión de juicio a prueba, que incluyó aportes por más de tres millones de pesos al hospital público de General Mosconi, como así también tareas comunitarias por un año en una iglesia evangélica del departamento de Santa Victoria.
Rédito de $25 millones
La fiscalía recordó que, según lo referido en el debate por el efectivo de Gendarmería que tenía a cargo la investigación del caso, el negocio dejaba un rédito de 25 millones de pesos diarios. El testigo explicó que “por tonelada se pagaba 200 mil pesos”, que cada camión transportaba entre 30 y 31 toneladas de rieles robados y que se hacían entre cuatro y cinco viajes diarios.
En relación con la presunta participación del exintendente, la fiscalía sostuvo que se trataba de “un delito de poder” y afirmó que, en la localidad de Morillo, “no se movía un alfiler sin que el entonces intendente lo supiera”. En ese sentido, remarcó que la imputación no se basaba en meras referencias, sino en distintos elementos de prueba reunidos durante la investigación.
Entre ellos, señaló que en el domicilio del exfuncionario se hallaron 15 rieles, mientras que en un galpón de la propiedad se secuestraron herramientas de corte y la camioneta blanca que era usada por su hijo para el saqueo de los rieles.