El Concejo Deliberante del municipio de Hipólito Yrigoyen resolvió desechar la Cuenta General del Ejercicio Fiscal 2024 presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y denunció una serie de incumplimientos legales ante la Auditoría General de la Provincia de Salta, tras detectar gastos no autorizados, irregularidades presupuestarias y falta de información clave sobre la administración de los recursos públicos.
En una resolución aprobada el 19 de junio, el cuerpo legislativo no solo rechazó la rendición presentada por el Ejecutivo, sino que además solicitó la intervención urgente del órgano de control provincial para realizar una auditoría financiera y legal del ejercicio 2024 y parte del 2025.
La decisión fue acompañada por un expediente completo en el que se detallan las inconsistencias observadas, así como la documentación respaldatoria de los pedidos de informes y comunicaciones formales con el DEM.
La presidenta del Concejo, Mary Viviana Caro, formalizó la denuncia contra la intendenta María Soledad Cabrera y la secretaria de Hacienda, Narda Contreras, por presunta inobservancia del principio de legalidad y por deficiencias en la gestión de los fondos municipales.
Cuestionamientos
El cuerpo deliberativo argumenta que estas irregularidades no solo afectan la transparencia administrativa, sino que comprometen seriamente la institucionalidad del municipio.
Entre los hechos observados por el Concejo se menciona la ejecución de gastos sin la autorización correspondiente del cuerpo legislativo, lo que vulnera la Ley Orgánica Municipal y las normativas contables de la provincia.
También se cuestiona que los montos ejecutados superan lo permitido sin ajustarse a las previsiones presupuestarias, así como la existencia de diferencias sustanciales entre los recursos informados en la cuenta general y los datos de ingresos transferidos por la provincia.
Otra de las objeciones radica en la presentación del estado del Tesoro municipal, que según el informe no refleja fielmente la situación financiera.
El informe advierte que el Ejecutivo llevó adelante obras públicas sin cumplir los procedimientos legales establecidos y que aplicó de forma incorrecta la figura de “reconducción automática” del presupuesto pese a que no existía un presupuesto general aprobado para el período.
A esto se suma que el Ejecutivo no remitió en tiempo y forma los proyectos de presupuesto 2024 ni 2025, y que actuó con total falta de transparencia frente a los reiterados pedidos de información del Concejo y de la ciudadanía.
En el escrito elevado a la Auditoría General de la Provincia, el Concejo solicitó que el proceso de auditoría contemple tanto el cumplimiento normativo en la ejecución del gasto como la razonabilidad de los saldos del Tesoro, el control del inventario de bienes y la existencia de actos administrativos que pudieran configurar delitos contra la administración pública. Asimismo, pidieron que se analice la situación de contrataciones, órdenes de pago, transferencias y convenios suscriptos durante el período observado.
La crisis institucional expone un conflicto político de fondo entre el Ejecutivo municipal y el cuerpo deliberativo, que en reiteradas oportunidades denunció haber sido excluido de los procesos decisorios más relevantes y advertido sobre maniobras administrativas que, aseguran, se repiten desde el inicio de la gestión.
En ese sentido, los ediles remarcaron que la falta de respuesta a los pedidos de informes, la omisión de documentación esencial y el manejo unilateral de las finanzas configuran un escenario de posible abuso de poder.
La resolución incluye la radicación formal de la denuncia, la constitución de domicilio legal en la ciudad de Salta para el seguimiento del proceso ante el organismo de control, y una exhortación a la Auditoría para que actúe con celeridad.