El presidente de la Auditoría respondió a la intendenta de San Carlos
El presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, salió a responder públicamente a los cuestionamientos de la intendenta de San Carlos, María del Carmen “Kukina” Vargas, y aseguró que “no existió ningún tipo de animosidad institucional” en las actuaciones realizadas contra ese municipio.
Según afirmó, las medidas adoptadas responden únicamente a la necesidad de hacer cumplir la ley y se enmarcan en procedimientos habituales del organismo.
En declaraciones al 10 TV, Ferraris explicó que la Auditoría viene trabajando desde hace varios años con los municipios para mejorar los niveles de transparencia y cumplimiento administrativo. En ese sentido, destacó que 59 de los 60 intendentes de la provincia presentaron la Cuenta General del Ejercicio 2024, tras una prórroga de plazos acordada oportunamente.
“No hay ningún tipo de animosidad institucional en relación a San Carlos, es solamente la necesidad de hacer cumplir la ley”, remarcó el titular de la Auditoría, al rechazar las versiones que sugieren un trato diferencial hacia la jefa comunal sancarleña.
Ferraris recordó que desde hace tres años existe un convenio firmado con el Gobierno de la Provincia y el Foro de Intendentes, que permitió ordenar y acompañar a los municipios en la presentación de sus ejercicios financieros. “Se ha venido observando un esfuerzo muy positivo de parte de los intendentes”, subrayó, y puso como ejemplo que, de los sesenta municipios, solo San Carlos no presentó la documentación correspondiente al ejercicio 2024.
En ese marco, explicó que la presentación de la Cuenta General del Ejercicio es una obligación primaria de los municipios. “Era la obligación primigenia de presentar la cuenta. Se prorrogó hasta septiembre”, detalló. Sin embargo, señaló que, vencido ese plazo, la Auditoría continuó actuando conforme a los procedimientos legales.
“Desde septiembre a noviembre se le cursaron a la intendenta de San Carlos numerosas intimaciones”, indicó Ferraris. Al no obtener respuesta, agregó que en el mes de noviembre el Colegio de Auditores de la Provincia resolvió la presentación formal, tal como ocurre en otros casos similares.
El presidente del organismo fue enfático al señalar que no hubo ninguna decisión excepcional ni dirigida personalmente contra la intendenta Vargas. “Se hizo lo que se hace frecuentemente. No hay ningún tipo de animosidad institucional en relación a San Carlos, es solamente la necesidad de hacer cumplir la ley, y así se hizo”, reiteró.
Finalmente, Ferraris planteó que el alto nivel de cumplimiento alcanzado por la mayoría de los municipios refleja un avance en materia de control y transparencia. En ese contexto, consideró que el caso de San Carlos no debe leerse como una persecución política, sino como la aplicación de las normas vigentes que rigen para todos los gobiernos locales de la provincia.