Investigan a 25 personas por una presunta red de pensiones por invalidez truchas en Anta
La Justicia Federal avanza en una investigación por fraude, con 25 personas investigadas entre las que se encuentran médicos, bioquímicos, enfermeros, exfuncionarios municipales, agentes públicos y gestores políticos.
La causa tomó nuevo impulso la semana pasada con nueve allanamientos realizados en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, donde los investigadores secuestraron documentación, estudios médicos y otros elementos considerados de interés para la pesquisa.
Según fuentes judiciales, el expediente pone bajo la lupa alrededor de 22.000 pensiones no contributivas otorgadas en la región. De ese total, cerca de 10.000 beneficios presentarían irregularidades que están siendo analizadas por los investigadores.
De acuerdo con las estimaciones realizadas en la causa, solo esas 10.000 pensiones representarían actualmente un perjuicio superior a los 3.500 millones de pesos mensuales para el Estado nacional.
Una investigación de alta complejidad
La causa se declaró compleja por la Justicia Federal en octubre de 2025 a pedido de la Unidad Fiscal Federal de Salta. Desde entonces, un equipo interdisciplinario integrado por cerca de 20 investigadores trabaja en el análisis de pruebas reunidas durante más de un año.
Las fuentes consultadas indicaron que durante las próximas semanas podrían formalizarse imputaciones. Los delitos son asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación se originó a partir de una causa similar tramitada en la provincia del Chaco y derivó en la detección de presuntas maniobras irregulares en distintos municipios de Anta.
El mecanismo bajo investigación
Según la hipótesis fiscal, la organización funcionaba mediante una estructura integrada por referentes políticos, funcionarios y profesionales de la salud que gestionaban pensiones por invalidez para personas que no presentaban las patologías declaradas.
Los investigadores sostienen que la maniobra habría sido impulsada por un exfuncionario municipal de uno de los municipios anteños y que contaba con la colaboración de punteros políticos encargados de captar beneficiarios.
La operatoria consistía en ofrecer el acceso a una pensión no contributiva a familias vulnerables o numerosas. A cambio, los beneficiarios debían responder políticamente a quienes gestionaban el trámite.
Para obtener la aprobación de los expedientes se confeccionaban certificados médicos con diagnósticos presuntamente falsos, principalmente vinculados a enfermedad de Chagas y severas desviaciones de columna.
La investigación también detectó la presunta participación de médicos, bioquímicos y enfermeros que habrían emitido documentación irregular para respaldar los trámites.
Radiografías repetidas y estudios falsificados
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una vivienda donde se almacenaban numerosas radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, alrededor del 90 por ciento de esas placas reflejaban diagnósticos similares de desviación de columna. Algunas incluso tenían espacios en blanco destinados a completar posteriormente la identidad del supuesto paciente.
Además, durante los allanamientos se secuestraron estudios de laboratorio con resultados positivos de Chagas que, según los investigadores, habrían sido copiados y reutilizados para respaldar expedientes de distintas personas.
La pesquisa también reveló que la organización contaría con laboratorios propios utilizados para falsificar análisis clínicos y estudios complementarios. En algunos casos, un mismo examen médico habría sido utilizado para justificar múltiples solicitudes de pensión.
Los investigadores incluso detectaron certificados de discapacidad con firmas personas que no contaban con matrícula médica habilitante.
Nuevos allanamientos y más pruebas
La investigación ya había registrado una primera etapa de procedimientos en septiembre de 2025. Allí, la Justicia Federal ordenó 17 allanamientos simultáneos en hospitales públicos, clínicas privadas, oficinas estatales y domicilios particulares.
El análisis de la documentación y los soportes informáticos secuestrados permitió ampliar la hipótesis fiscal y avanzar sobre nuevos sospechosos.
Con los nueve allanamientos realizados recientemente, los investigadores consideran que incorporaron nuevos elementos probatorios que podrían resultar clave para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.